Colón en su lugar

En un nuevo intento por frenar la mudanza del monumento a Cristóbal Colón emplazado detrás de la Casa Rosada a la Costanera Norte, la comunidad italiana recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le pidió que revise si no es inconstitucional la ley que aprobó el convenio firmado entre los gobiernos nacional y porteño para trasladar la estatua, que fue desmontada y yace en partes en una carpa y a la intemperie.

Ayer, el Círculo Italiano presentó un recurso extraordinario contra la sentencia de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la inconstitucionalidad y dejó sin efecto el amparo que, en primera instancia, había impedido la mudanza del grupo escultórico hasta el dictado de una sentencia definitiva.

"Ahora, el expediente debe ser elevado a la Corte Suprema, por lo tanto se trata de una sentencia que no está firme y la prohibición mantiene todo su vigor", dijo Horacio Savoia, letrado de la mencionada entidad de la comunidad italiana.

Sustancialmente, explicó, el recurso extraordinario plantea que la ley que aprobó el convenio de colaboración entre la Nación y la Ciudad lesiona derechos garantizados por las constituciones nacional y porteña, así como convenciones internacionales a las que adhirió la Argentina en orden a la protección del patrimonio cultural y la eliminación de toda forma de discriminación.

El monumento a Colón fue donado por la colectividad italiana para el Centenario de la Revolución de Mayo, como símbolo de fraternidad. Por eso, la embestida protagonizada contra la estatua por Cristina Kirchner, primero, y con acuerdo de Mauricio Macri, después, es considerada como una discriminación a los inmigrantes o residentes italianos. Eso pese a que la Constitución nacional consagra que todos los habitantes son iguales ante la ley y establece que el Estado nacional debe fomentar la inmigración europea.

Como se recordará, el gobierno nacional planifica colocar en el lugar de Colón una estatua de Juana Azurduy.

El Círculo Italiano también considera que el convenio viola la Constitución porteña, que "garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios"