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El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha forzado al alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, a que renuncie a su puesto público tras haber sido detenido el pasado día 4 junto a otras 34 personas acusados por diversos delitos de corrupción.
El Gobierno liderado por el Partido Democrático, ayer ha aprobado una serie de medias para intentar frenar la oleada de corrupción que vuelve a golpear Italia, no se podía permitir que el alcalde de Venecia siguiera en su cargo. Orsoni ha hecho público su anuncio de dimisión con amargas críticas a Renzi: “Es un superficial y un fariseo. Me ha desilusionado”. Unas críticas que, sin embargo, se convierten ya en otro activo político de Renzi, empeñado en que la tolerancia cero con la corrupción no admite excepciones.
Al alcalde Orsoni se le acusó de haber aceptado unos 110.000 euros para financiar su campaña a la alcaldía en 2010. El jueves logró eludir el arresto domiciliario tras pactar con la fiscalía una pena –que aún debe de aceptar el juez—de cuatro meses de reclusión y 15.000 euros de multa. Aunque el pacto de la pena incluye la admisión de la culpa, Giorgo Orsini seguía el jueves declarando su inocencia: “No he hecho nada ilegal. Algunos [en referencia a la dirección del PD] me han juzgado demasiado deprisa, pero soy inocente. El pacto de la pena es solo una gota de sangre que he debido derramar”. Al respeto Renzi le respondió "Pese a las frases increíbles que ha pronunciado, yo mantengo mi respeto personal y entiendo su drama. Pero en el momento en que uno pacta una condena y, por tanto, se declara culpable, queda automáticamente incapacitado para seguir siendo alcalde".
Venecia vivió con auténtica conmoción la noticia de que los principales encargados de protegerla de las mareas –su alcalde, su expresidentes regional Giancarlo Galan y otros tantos referentes de la política, la empresa, la judicatura y las fuerzas del orden—se habían confabulado para hundirla un poco más.
Según el relato del fiscal Nordio, “las empresas del consorcio crearon un sistema de facturas falsas con efectos directos en los ciudadanos, pues son ellos quienes a fin de cuentas han debido pagar el dinero del fondo negro. Es doloroso verificar que haya hecho uso del dinero público para pagar campañas políticas y para fines personales”.
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Fuente: EFE
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